ADMINISTRADORES DE GOBIERNOS Y CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993; MISERABLES.
La indiferencia fue el común denominador de los entes ejecutivos de los
gobiernos locales distritales y provinciales, siguiendo la comparsa a los
gobiernos regionales, cuya desdeñosa acción y reacción, prácticamente ha
mostrado que los responsables aparte de haber dejado a Martín Vizcarra sólo en
la lucha contra la pandemia del Covid19 no están a la altura de las
circunstancias.
Esta apatía, nos ha presentado con desnudez casi tan igual de mortal como
el corona virus; las magras cualidades profesional, cultural y humana de
“estas” autoridades y sus equipos técnicos, que no reaccionaron de manera
activa, coordinada, previsoria y con perspectiva resiliente, para las medidas y
cuidado de la propagación y contagio del virus, en los ámbitos propios de sus
actividades.
A esta situación, se añade que los recursos destinados a la logística y
equipamiento para atender la crisis de la pandemia con prioridad, mesura,
probidad y pertinencia de los involucrados, por el contrario, fue tomada como la
“oportunidad” de aprovechar para “llevarse” algo para ellos, y ésta suspicacia
nos muestran los programas periodísticos de investigación que informan de casos
de compras cuestionadas y con visos de corrupción, en todos los niveles de
gobierno.
Informes que han hecho cuestionar seriamente las compras presuntamente
sobrevaloradas, de elementos, materiales y equipos, sin los requisitos técnicos
o estándares mínimos para servir, proteger y esterilizar a las personas que
trabajan en primera línea en la lucha contra el enemigo invisible, en los
frentes de identificación, monitoreo, transporte, seguridad y salud, a nivel
nacional.
Ni los más pobres se salvaron de estos apátridas inhumanos cuando, el
gobierno destinó fondos para que los municipios distritales y provinciales
compraran víveres y armaran canastas por el monto de 80 soles, para ser
entregada a las familias más pobres, afectadas por el aislamiento social de la
cuarentena, donde detectaron compras sobrevaloradas, productos de marcas
desconocidas, en algunos casos hasta vencidos, además de favorecer a gente que
no merecía o a sus conocidos.
Para complementar la dura indiferencia, y escasa acción solidaria de los
administradores de nuestros recursos, se sumó la desorganización organizada de
la data del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, que junto
al Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH, a cargo de las municipalidades:
afectaron a los millones de familias del país que viven de su trabajo informal,
y evitaron que sean beneficiarios de las canastas de víveres y de los variados
bonos otorgados.
Las familias que ya sufren la crisis económica en la que nos ha sumido esta
pandemia, han roto las normas de la cuarentena y del aislamiento social,
obligadas por la necesidad, por el hambre propio y de los suyos, ávidos de
trabajar para llevar el pan a sus hogares, generando el desborde social en las
calles, destrozando el retorno a la vida económica por etapas y rubros de
actividad, que tenía previsto el gobierno central. Convertidos en el más fuerte
dolor de cabeza del gobierno central.
Visto desde arriba, esta crisis ha demostrado que aparte de la decepcionante
acción de las administraciones de nuestros diferentes estamentos de gobiernos,
es; que la clase empresarial del país, es la más envilecida de las
instituciones sociales del país, carentes de compromiso social y de
solidaridad. Naturaleza envilecida por el modelo económico ultra liberal y
entreguista plasmada en la Constitución Política de 1993, y sus contratos leyes
que obligan a los gobiernos a desamparar al fin supremo del estado: LA PERSONA,
mientras observa como la abusan y devoran.
Por lo tanto; el congreso, la clase política, las organizaciones sociales y
ciudadanía en general, deben exigir se declare ésta constitución del año 1993;
CONSTITUCIÓN TRANSITORIA, porque son 30 años de modelo económico, que permite
abusos y excesos de las bancos y transnacionales, además ya somos casi extraños
en nuestro propio país y dueños de casi nada. Urgente es, organizar un
referéndum para MODIFICAR PARCIALMENTE y ELIMINAR el artículo de LOS CONTRATOS
LEY de la Constitución Política, o mejor aún CONVOCAR a una ASAMBLEA
CONSTITUYENTE, SÍ O SÍ.
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